¿Corresponde sancionar una Ley que institucionalice el 82% móvil para todas las jubilaciones? Desde ya que sí. Esta vez la discordia no se centra en la idea de si está bien o no, universalizar este índice. Tanto los que apoyan la medida como quienes no lo hacen, sostienen que sería una Ley favorable. La discusión se basa en cómo se financiaría en caso de ser aprobada y si las condiciones están dadas para que el Estado afronte tal incremento en su gasto público.
El proyecto para universalizar el 82%móvil para todos los jubilados ya obtuvo dictamen en Diputados y en las dos comisiones que lo trataron en el Senado: la de Presupuesto y Trabajo, y la de Previsión Social. Sólo falta que sea tratado en el recinto del Senado, y esto tendrá lugar el 4 de agosto, luego de la Feria Judicial.
¿Cómo se cobra actualmente la jubilación?
Según la ley vigente, sólo le corresponde cobrar un 82% del sueldo activo, vital y móvil a ciertos grupos de pensionados: científicos, docentes, diplomáticos, jueces y funcionarios judiciales. Para gozar de esa jubilación, estos sectores cumplen con unas condiciones diferentes al resto.
Para calcular la jubilación de estos últimos, se toma el promedio de sueldo de los 10 últimos años y sobre ese valor se aplica el 1,5% por cada año de aportes. A ello se le debe sumar la PBU (Prestación Básica Universal) que es una parte fija de la jubilación a la que accede todo afiliado.
Si se sancionara la Ley en discusión, los jubilados que cobran el haber mínimo, pasarían de percibir $895 mensuales a $1230.
¿De dónde propone obtener los fondos la oposición?
Si bien el proyecto no lo especifica, las opciones que se han estado barajando tienen que ver principalmente con las siguientes alternativas:
· El superávit financiero acumulado por la ANSES.
· La rentabilidad que genera el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de las jubilaciones. El FGS es un fondo de reserva administrado por la ANSES, destinado al desarrollo sustentable de la economía nacional.
· El aumento de la recaudación de IVA que provocaría el mayor gasto de los propios jubilados favorecidos por el aumento.
· La transferencia al Tesoro, de la responsabilidad de pagar la Asignación Universal por Hijo (AUH).
· Restitución de los aportes patronales al 16%. Estos se refieren a la parte de la jubilación aportada al fisco por el empleador.
¿Qué sostiene el oficialismo al respecto?
· El superávit financiero de la Anses ya fue incorporado al FGS y no puede contarse dos veces.
· La rentabilidad activa de ese fondo llegarían como máximo a 6500 millones de pesos y no a 12540 millones, como sostiene la oposición. Además, no se podría afrontar un flujo de gastos con un stock de ahorros.
· La recaudación adicional de IVA podría llegar a ser de 4300 millones de pesos y no de 14.166 millones.
· Sobre la AUH, se afirma que la responsabilidad de pagarlos es de la ANSES, para equiparar los derechos de quienes reciben estas asignaciones familiares con los de los trabajadores en blanco.
· Con referencia a la restitución de los aportes patronales, se considera que un salto de tal magnitud tendría un impacto fuerte sobre los precios, una significativa resistencia política por parte de los empresarios y, a su vez, podría generar empleo informal. De todas maneras, el oficialismo también está analizando esta posibilidad.
Por tanto, el principal argumento de quienes se oponen al proyecto es que éste no especifica cómo se financiaría la medida. Según el oficialismo, si se siguiera adelante, esto tendría un costo fiscal similar al que llevó a Alfonsín a declarar la emergencia jubilatoria en 1986 y congelar así los haberes. Además, el gasto sería mayor al superávit proyectado para todo el año 2010.
Sin embargo, quienes impulsan el proyecto afirman que actualmente alrededor de 3 millones 900 mil personas cobran una jubilación de 890 pesos y que, si la ANSES suspendiera los subsidios a los grandes grupos económicos, recuperaría un fondo importante para afrontar esta medida.
Sobre estas líneas está teniendo lugar el debate que vería su fin en agosto cuando vote el pleno del Senado.
El aumento a las jubilaciones no sólo sería una medida justa, sino que de esta manera se estaría en concordancia con lo que establece la Constitución Nacional en el Art. 14 bis. En este momento, debido a una Ley sancionada en 1995 no se está cumpliendo con la obligación de que las jubilaciones se basen en un porcentaje móvil, sino que se establece de manera fija.
No hay comentarios:
Publicar un comentario