Matrimonio vs Unión Civil

Hasta este lunes la discusión se centraba en la disputa entre quienes apoyaban el matrimonio y quienes apoyaban la Unión Civil. Todo indicaba que el miércoles 14 se debatiría, en primer término, el rechazo al proyecto que ya tiene media sanción. En caso de que éste fuera aprobado, se trataría a continuación la Unión Civil. Y si ésta hubiese sido también ratificada, debía volver a Diputados como un nuevo proyecto de Ley. Si se desaprobaba el rechazo, se votaría el dictamen de minoría, a favor del matrimonio homosexual. Si éste último ganara, quedaría definitivamente sancionada la Ley que modifica el Código Civil, ampliando la posibilidad de contraer matrimonio también para personas del mismo sexo.

Entre tanta discusión, se habían creado también muchas confusiones. El proyecto de Ley que habilita el matrimonio entre personas del mismo sexo busca modificar el Código Civil para reemplazar la definición de hombre y mujer como actores del casamiento, por el de "contrayentes”. En cambio, el proyecto presentado por la oposición en el Senado

¿A quién beneficia el Programa de Desendeudamiento?

Tal y como se afirma en el artículo titulado “Desendeudamiento de las Provincias”, los fondos para el Programa de refinanciamiento, serían deducidos del Fondo de Aportes del Tesoro nacional (ATN). En ese sentido, la Ley 23.548 establece que el 1% del total recaudado por los gravámenes coparticipables, se destinará a este fondo. El objetivo de su creación fue atender las situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales. Es decir, dinero que las provincias ceden de lo que les corresponde por coparticipación, para hacer frente a tales situaciones. Por supuesto, esto siempre dio lugar a una ineludible interpretación de la oposición, dirigida a la posible discrecionalidad con que el Gobierno podría distribuir dichos recursos.

Lo cierto es que en los últimos años esta recaudación no ha sido distribuida completamente entre las Provincias, por lo que actualmente el gobierno Nacional cuenta en ese Fondo con

Por el fin de las polaridades

La ley Nacional de Radiodifusión Nº 22.285 fue promulgada el 15 de septiembre de 1980, durante el paradójicamente llamado “Proceso de Reorganización Nacional”. Así, se derogaba la Ley Nº 19.798 y se reglamentaban las nuevas pautas para los servicios de radiodifusión en todo el territorio de la República Argentina. Dicha norma llevaba la firma, entre otras personas, de Jorge Rafael Videla, Albano Harguindeguy y José Alfredo Martínez de Hoz. No hace falta agregar demasiado para concluir que inexcusablemente urge un drástico cambio en cuanto a las normas que rigen el uso de los servicios de comunicación audiovisual. ¿Es la Ley 26.522 la indicada para regir dichos servicios? ¿Qué nuevos aportes propone y cuáles deberían replantearse?

Por el sólo hecho de haber sido sancionada bajo un Gobierno no constitucional, la Ley vigente (en tanto se encuentre suspendida la LCSA, rige la 22.285) debería haber sido derogada durante el Gobierno democrático que lo sucedió inmediatamente. No obstante, esto no sólo no ocurrió en 1983, sino que