¿Cuáles son los principales aspectos del conflicto con Papel Prensa? ¿Por qué se responsabiliza al Gobierno de intentar coaccionar la libertad de expresión? Qué plantea el informe que invadió los espacios de todos los medios? ¿Qué rol cumplieron Clarín, La Nación y La Razón en toda esta situación? ¿Fueron cómplices de la dictadura?
El desencadenante principal de este cruce entre el gobierno, los medios más importantes del país, la familia Graiver, y los diversos partidos políticos, fue el informe presentado en un discurso por la Presidenta el 24 de agosto pasado.
El mismo constó de tres líneas fundamentales: planteó la ilegitimidad del proceso por el cual el diario Clarín, La Nación y La Razón adquirieron las acciones de Papel Prensa; cuestionó las condiciones desiguales en que los diferentes diarios del país deben acceder a su principal insumo; y presentó la iniciativa de elevar el informe a la Justicia y al Congreso.
Así, la mandataria envió al Parlamento un proyecto para que se declare de interés público la producción de papel para los diarios. Se intentaría propiciar una mayor regulación sobre la producción del insumo y sobre los precios a los que se va a vender el papel a los distintos medios. Para este objetivo, se pretende conformar una Comisión Bicameral que regule la actividad.
El arco opositor sostiene que ésta sería una medida inconstitucional ya que el artículo 32 postula que “el Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”. A su vez, lo ven como un riesgo de intervención estatal.
¿En qué condiciones se vendieron las acciones de Papel Prensa?
Según el informe, los diarios Clarín, La Nación y La Razón se apropiaron de la empresa el 2 de noviembre de 1976 en connivencia con el gobierno dictatorial. Por ende, bajo unas condiciones de coacción de la libertad, que habrían dejado a la familia Graiver –dueños de la firma- sin otra alternativa que la venta a un precio abismalmente menor que el real.
Luego de la transacción, todos los miembros de la familia fueron secuestrados. Según el informe, esto no ocurrió antes porque sino las acciones iban a caer en manos de la Comisión Nacional de Reparación Nacional (Conarepa), que era el órgano que se quedaba con las propiedades de ex funcionarios y demás personas investigadas.
Los medios involucrados en el conflicto sostuvieron en varias de sus editoriales que no hubo ningún delito en la operación ya que al momento de la venta, los miembros de la familia no estaban ni secuestrados ni coaccionados. Este argumento se sostiene en el hecho de que cuando fueron secuestrados, la operación de venta ya estaba concluida.
Isidoro Graiver es el hermano de David, ex dueño y fundador de Papel Prensa. Este último murió en un accidente aéreo, ocurrido en agosto de 1977 en México. Luego del polémico discurso, Isidoro también salió a desmentir los dichos de la Presidenta. Sostuvo que la compañía fue vendida al mejor precio obtenido, y no bajo la amenaza del Gobierno dictatorial, sino para hacer frente a una serie de acreedores que presionaban demasiado; entre ellos, Montoneros.
Al respecto, María Sol, la hija de David que en aquel momento era menor, sostuvo en la misma línea: “No tengo ni tuve nada que reclamar (...) por la negociación, cesión y venta de acciones de Papel Prensa”.
Los inoportunos dichos de Isidoro Graiver
El 11 de junio pasado, Graiver concedió una entrevista al diario “Tiempo Argentino”, que debería ser confidencial. Sin embargo, luego del escándalo, el medio hizo públicas sus declaraciones. “Fue una operación que era a todas luces un afano, lisa y llanamente un afano. Los diarios nos humillaron”, comentó Isidoro (escuchar audio).
A su vez recomendó a los entrevistadores buscar durante el período en cuestión, las primeras planas de los periódicos involucrados. Según Graiver, La Nación, Clarín y La Razón llevaron adelante una campaña de desprestigio contra el Grupo y la familia Graiver. “Yo creo que era una concurrencia. Los diarios usaban eso para meter presión. Tanto a nosotros como al gobierno”, aseveró Isidoro dos meses atrás.
Lidia Papaleo es la ex mujer de David Graiver. Fue una de las principales testigos en el informe presentado por Cristina Kirchner. Ella sostiene que en su momento, recibió una fracción vil del precio: menos del uno por mil (siete mil dólares sobre casi un millón). El resto no le habría llegado nunca. Un juez debía aprobar el pacto, que involucraba derechos de su hija y jamás lo hizo. Además, afirma que si bien al momento de la venta no estaban aún secuestrados, sí recibían presiones constantes, en un momento donde indefectiblemente las sugerencias significaban órdenes.
¿Por qué se acusa al gobierno de coaccionar la libertad de expresión?
El arco opositor y los medios acusados sostienen que esta medida es otra herramienta que utiliza el gobierno para controlar los medios de comunicación. Regular la fábrica de insumos que provee a casi todos los medios del país, le brindaría la posibilidad de influir en los contenidos de los mismos. Sostienen que el proyecto enviado al Congreso no puede separarse del “modelo hegemónico” que estaría llevando adelante el kirchnerismo.
Cierto es que sería un riesgo importante que la regulación de tal insumo quede en manos del Estado, si éste se tomara atributos que no le competen. Por eso, es de mayor relevancia estudiar muy a conciencia el proyecto que llegó a Diputados.
Si la Justicia determina que la denuncia que hizo la Presidenta tiene asidero, no caben dudas que es de suma urgencia revertir tal situación. Pero hay que extremar los cuidados a la hora de aprobar un proyecto que plantea la regulación por parte del Estado. Esta vez el Gobierno optó por las vías constitucionales por excelencia para llevar a cabo su propósito. Sin embargo, hay un punto fundamental a tener en cuenta. Si realmente se trata de una iniciativa que enfrenta los delitos de lesa humanidad denunciados, sería lamentable que la solución vulnere otros derechos de especial relevancia. La libertad de prensa y el derecho a la información son garantías que se deben cuidar con una meticulosidad extrema ya que se trata de elementos esenciales en cualquier sociedad democrática.
El desencadenante principal de este cruce entre el gobierno, los medios más importantes del país, la familia Graiver, y los diversos partidos políticos, fue el informe presentado en un discurso por la Presidenta el 24 de agosto pasado.
El mismo constó de tres líneas fundamentales: planteó la ilegitimidad del proceso por el cual el diario Clarín, La Nación y La Razón adquirieron las acciones de Papel Prensa; cuestionó las condiciones desiguales en que los diferentes diarios del país deben acceder a su principal insumo; y presentó la iniciativa de elevar el informe a la Justicia y al Congreso.
Así, la mandataria envió al Parlamento un proyecto para que se declare de interés público la producción de papel para los diarios. Se intentaría propiciar una mayor regulación sobre la producción del insumo y sobre los precios a los que se va a vender el papel a los distintos medios. Para este objetivo, se pretende conformar una Comisión Bicameral que regule la actividad.
El arco opositor sostiene que ésta sería una medida inconstitucional ya que el artículo 32 postula que “el Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”. A su vez, lo ven como un riesgo de intervención estatal.
¿En qué condiciones se vendieron las acciones de Papel Prensa?
Según el informe, los diarios Clarín, La Nación y La Razón se apropiaron de la empresa el 2 de noviembre de 1976 en connivencia con el gobierno dictatorial. Por ende, bajo unas condiciones de coacción de la libertad, que habrían dejado a la familia Graiver –dueños de la firma- sin otra alternativa que la venta a un precio abismalmente menor que el real.
Luego de la transacción, todos los miembros de la familia fueron secuestrados. Según el informe, esto no ocurrió antes porque sino las acciones iban a caer en manos de la Comisión Nacional de Reparación Nacional (Conarepa), que era el órgano que se quedaba con las propiedades de ex funcionarios y demás personas investigadas.
Los medios involucrados en el conflicto sostuvieron en varias de sus editoriales que no hubo ningún delito en la operación ya que al momento de la venta, los miembros de la familia no estaban ni secuestrados ni coaccionados. Este argumento se sostiene en el hecho de que cuando fueron secuestrados, la operación de venta ya estaba concluida.
Isidoro Graiver es el hermano de David, ex dueño y fundador de Papel Prensa. Este último murió en un accidente aéreo, ocurrido en agosto de 1977 en México. Luego del polémico discurso, Isidoro también salió a desmentir los dichos de la Presidenta. Sostuvo que la compañía fue vendida al mejor precio obtenido, y no bajo la amenaza del Gobierno dictatorial, sino para hacer frente a una serie de acreedores que presionaban demasiado; entre ellos, Montoneros.
Al respecto, María Sol, la hija de David que en aquel momento era menor, sostuvo en la misma línea: “No tengo ni tuve nada que reclamar (...) por la negociación, cesión y venta de acciones de Papel Prensa”.
Los inoportunos dichos de Isidoro Graiver
El 11 de junio pasado, Graiver concedió una entrevista al diario “Tiempo Argentino”, que debería ser confidencial. Sin embargo, luego del escándalo, el medio hizo públicas sus declaraciones. “Fue una operación que era a todas luces un afano, lisa y llanamente un afano. Los diarios nos humillaron”, comentó Isidoro (escuchar audio).
A su vez recomendó a los entrevistadores buscar durante el período en cuestión, las primeras planas de los periódicos involucrados. Según Graiver, La Nación, Clarín y La Razón llevaron adelante una campaña de desprestigio contra el Grupo y la familia Graiver. “Yo creo que era una concurrencia. Los diarios usaban eso para meter presión. Tanto a nosotros como al gobierno”, aseveró Isidoro dos meses atrás.
Lidia Papaleo es la ex mujer de David Graiver. Fue una de las principales testigos en el informe presentado por Cristina Kirchner. Ella sostiene que en su momento, recibió una fracción vil del precio: menos del uno por mil (siete mil dólares sobre casi un millón). El resto no le habría llegado nunca. Un juez debía aprobar el pacto, que involucraba derechos de su hija y jamás lo hizo. Además, afirma que si bien al momento de la venta no estaban aún secuestrados, sí recibían presiones constantes, en un momento donde indefectiblemente las sugerencias significaban órdenes.
¿Por qué se acusa al gobierno de coaccionar la libertad de expresión?
El arco opositor y los medios acusados sostienen que esta medida es otra herramienta que utiliza el gobierno para controlar los medios de comunicación. Regular la fábrica de insumos que provee a casi todos los medios del país, le brindaría la posibilidad de influir en los contenidos de los mismos. Sostienen que el proyecto enviado al Congreso no puede separarse del “modelo hegemónico” que estaría llevando adelante el kirchnerismo.
Cierto es que sería un riesgo importante que la regulación de tal insumo quede en manos del Estado, si éste se tomara atributos que no le competen. Por eso, es de mayor relevancia estudiar muy a conciencia el proyecto que llegó a Diputados.
Si la Justicia determina que la denuncia que hizo la Presidenta tiene asidero, no caben dudas que es de suma urgencia revertir tal situación. Pero hay que extremar los cuidados a la hora de aprobar un proyecto que plantea la regulación por parte del Estado. Esta vez el Gobierno optó por las vías constitucionales por excelencia para llevar a cabo su propósito. Sin embargo, hay un punto fundamental a tener en cuenta. Si realmente se trata de una iniciativa que enfrenta los delitos de lesa humanidad denunciados, sería lamentable que la solución vulnere otros derechos de especial relevancia. La libertad de prensa y el derecho a la información son garantías que se deben cuidar con una meticulosidad extrema ya que se trata de elementos esenciales en cualquier sociedad democrática.
Buenísimo!!! Más que claro!
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